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Cas. 88-2005 - Puno
v.c. 03-08-2006
Cabe destacar que el artículo 104.1 de la Ley N° 27444 -  Ley del Procedimiento Administrativo General- señala:° que para el inicio de oficio de un procedimiento debe existir disposición de autoridad superior que la fundamente en ese sentido, una motivación basada en el cumplimiento de un deber legal o el mérito de una denuncia”; por lo que la aplicación de la citada norma debe realizarse en armonía de lo preceptuado en los artículos 103° y 102 de la Ley N° 27444, que regulan las formas de iniciación del procedimiento y la nulidad de oficio de los actos o resoluciones administrativa, referentemente.

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Cas. 037-2006 – Lambayeque
v.c. 19-09-2006
En el presente caso no se ha acreditado en autos la iniciación formal de un procedimiento administrativo para declarar de oficio la nulidad de la resolución de nombramiento del demandante conforme exige la norma administrativa, ni la notificación de su iniciación a efectos que el administrado pueda ejercer su derecho de defensa.

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Cas. 1684-2005 – Loreto
v.c. 30-11-2006
Que, en tal caso la demanda contencioso administrativo se interpone propiamente contra el acto administrativo mediante el cual se agota la vía administrativa y se deniega el pedido del actor; sin embargo no es una causal de improcedencia in limine de la demanda que el petitorio se encuentre dirigido contra la actuación material inicial, ya que ese es específicamente el hecho lesivo que el demandante pretende evitar.

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Cas. 6670-2009 – Cusco
v.c. 06-10-2011
Que lo expuesto precedentemente respecto al reajuste de la bonificación personal en base a la remuneración básica determinada en el artículo 1° de Decreto de Urgencia N° 105-2001 conlleva la determinación del criterio asumido por esta Sala Suprema respecto a dicha bonificación, lo que implica que los fundamentos décimo al duodécimo constituyen principios jurisprudenciales en materia contencioso administrativa de conformidad con el artículo 37° del Texto Único Ordenado de la Ley que regula el Proceso contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS (…).

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Cas. 1074-2010 – Arequipa
v.c. 19-10-2011
La controversia del presente caso gira alrededor de determinar si corresponde ordenar que la demandada emita nueva resolución administrativa reconociendo a favor del demandante la percepción de la bonificación diferencial contenida en el inciso b) del artículo 53° del Decreto Legislativo N° 276 desde febrero de 1991 en base al 30% de la remuneración total integra, tal como se desprende del petitorio de la demanda.

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Cas. 8362-2009 – Ayacucho
v.c. 07-12-11
Que, en consecuencia, del análisis conjunto de las disposiciones antes citadas, esta Suprema Sala establece la interpretación siguiente: Las entregas dinerarias y/o beneficios cualquiera fuera su denominación, efectuadas con cargo a los fondos del CAFAE, no tienen ni nunca tuvieron naturaleza de remuneración y siempre fueron destinados a los trabajadores en actividad.

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Cas. 8125-2009 – Del Santa
v.c. 17-04-2012
La casación N° 037-2006 – Lambayeque del 19-09-2006 y la casación N° 088-2005 – Puno del 03-08-2006, esta Sala Suprema estableció como precedente de observancia obligatoria que la autoridad administrativa que pretenda invalidar en acto administrativo, debe de expedir previamente una resolución dando inicio al procedimiento de nulidad de oficio de aquel acto de conformidad a los artículos 103° y 104° de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, debiendo además notificar dicha iniciación del procedimiento al administrado cuyo derechos puede ser afectados por los actos a ejecutar, informando la naturaleza del mismo, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tal actuación, ya que tales exigencias constituyen garantía respecto del principio del debido procedimiento administrativo establecido en el inciso 1.2 del artículo IV del Título Preliminar de la precitada Ley.

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Cas. 5807-2009 – Junín
v.c. 20-03-2012
Que este Supremo Tribunal considera que la interpretación del artículo 1° de la ley N° 24041, es el siguiente: "Se considera que las breves interrupciones de los servicios prestados, por servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, no afectan el carácter interrumpido de dichos servicios si las interrupciones han sido promovidas por la Entidad Pública empleadora para desconocer el derecho del trabajador a la protección frente al despido que, le brinda la Ley N° 24041; siendo que dichos servidores no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causales previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al procedimiento establecido en dicha norma".

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Cas 6587-2009 – Lima
v.c. 22-03-2012
Que, este Supremo Tribunal, considera que la interpretación correcta del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 339, es la siguiente: "Los trabajadores del Banco de la Nación tendrán derecho a percibir la bonificación del 30 % del haber que perciben siempre que acrediten treinta años de servicios a favor del Banco de la Nación prestados durante el periodo de vigencia de la Ley N° 11725. Precisándose que ésta bonificación no tiene carácter pensionable conforme a lo previsto en el texto del artículo 1 de la Ley N° 11725".

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Cas. 9572-2009 – Lambayeque
v.c. 19-06-2012
Que, este Supremo Tribunal, considera que la interpretación correcta del artículo 2° numeral 4) de la Ley N° 24041, es la siguiente: " Se consideran funcionarios de confianza para efectos del inciso 4 del artículo 2° de la Ley N° 24041 todos los trabajadores sujetos al régimen público cuya categorías sea desde F-1 hasta F-8 con independencia de la denominación que se dé al cargo que desempeñan".

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Cas. 874-2010 – Del Santa
v.c. 03-10-2012
Que, este Supremo Tribunal, considera que la interpretación correcta del artículo 2° inciso 4) de la Ley N° 24041, debe de ser la siguiente: No se encuentran amparados por la Ley N° 24041 los servidores, propiamente funcionarios que, realizan funciones políticas, entendiéndose por función política la que realiza un funcionario con poder de decisión, dirigida al logro de objetivos políticos, esta función la realizan quienes ejecutan actor de gobierno de alto nivel; asimismo no se encuentra comprendidos en los alcances de la Ley N° 24041, los servidores que desempeñan cargos de confianza entendidos éstos como aquellos ejercidos por empleados designados para laborar en relación inmediata con quienes detentan cargos políticos, para labores de asesoria o apoyo; debiendo tenerse en cuenta además los criterios previstos en el artículo 12° del Decreto Supremo N° 005-90-PCM; comprendiéndose dentro de esa clase de personal a los asesores legales y técnicos cuyas opiniones e informes son presentados directamente a los funcionarios políticos, así como a los chóferes y secretarías y personal de seguridad que laboran en contacto personal y directo con los Alcaldes, apoyándolos en su gestión.

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Cas. 3804-2010 – Del Santa
v.c. 08-01-2013
Que, este Supremo Tribunal, considera que las normas cuya infracción se denuncia, deben ser interpretadas de la siguiente manera: Artículo 1° de la Ley N° 27942: su texto original previene y reprime el hostigamiento sexual que se produzca contra una persona dentro de cualquier relación de autoridad o dependencia sin importar la naturaleza del régimen laboral a que pertenezca, en consecuencia debe interpretarse que puede ser objeto de sanción por incurrir en hostigamiento sexual todo funcionario (…). Artículo 4° de la Ley N° 27942: Su texto original define al hostigamiento sexual típico o chantaje sexual, debiendo interpretarse esta norma en el sentido vigente: que constituye hostigamiento sexual dentro de las relaciones laborales o de dependencia en la Administración Pública, toda conducta de naturaleza sexual o referida al tema sexual(…). Artículo 5° de la Ley N° 27942: establece los elementos constitutivos del Hostigamiento Sexual, debiendo interpretarse que los elementos definidos en el considerando tercero de esta sentencia deben obligatoriamente ser tenidos en cuenta por el juzgador y que deben estar presentees en la conducta imputada .

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