CONCLUSIONES DEL PLENO JURISDICCIONAL NACIONAL CONSTITUCIONAL 2011

La Comisión de Actos Preparatorios del Pleno Jurisdiccional Nacional Constitucional con sede en la ciudad de Lima, conformada por los señores Magistrados: Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara, Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Lima (Presidente); Yrma Flor Estrella Cama, Juez Superior de la Corte Superior de Justicia del Callao; Gonzalo Meza Mauricio, Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Ica; Víctor Raúl Mosqueira Neyra, Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Huaura; Wilber Gonzales Aguilar, Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, Jorge Armando Bonifaz Mere, Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica; Luz Carolina Vigil Curo, Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Amazonas; Samuel Sánchez Melgarejo, Juez Superior de la Corte Superior de Justicia del Santa, dejan constancia de que luego de llevado a cabo el debate de cada uno de los temas sometidos al Pleno, los señores magistrados participantes, han arribado a las conclusiones que se exponen a continuación:

TEMA N° 1

EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES CONCEDIDAS EN LOS PROCESOS DE AMPAROS QUE ORDENEN LA SUSPENSIÓN DE PROCESOS JUDICIALES.


Se deben conceder medidas cautelares que ordenan la suspensión de procesos judiciales en trámite y estas deben ejecutarse inmediatamente incluso si han sido impugnadas?


PONENCIAS:
Primera Ponencia:
Deben concederse y ejecutarse las medidas cautelares emitidas en procesos de amparo que ordenan la suspensión de procesos judiciales, incluso si han sido impugnadas.

 

Segunda Ponencia:

No deben concederse ni ejecutarse las medidas cautelares emitidas en los procesos de amparo, más aún si han sido impugnadas.

FUNDAMENTOS:
De inicio es necesario señalar que no existe disposición legal que impida conceder y ejecutar inmediatamente una medida cautelar que ordena la suspensión de un proceso judicial.

No obstante ello, constituye una posición sólida la que señala que conceder y ejecutar dicha providencia cautelar significaría vulnerar el derecho a la tutela jurisdiccional de los que participan en el proceso que se ordena suspender; asimismo, implicaría una contravención al numeral 2 del artículo 139 de la Constitución y al artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regulan la prohibición a cualquier autoridad de avocarse a causas pendientes ante los órganos judiciales.

Es evidente que en el presente asunto se contrapone el derecho a la tutela jurisdiccional del favorecido con la medida cautelar, expedida en el proceso constitucional, con el derecho a la tutela jurisdiccional de los que participan en el proceso que se ordena suspender. También podría configurarse una contraposición con el derecho a la doble instancia, puesto que se estaría ejecutando una decisión que no tiene la calidad de firme.

a. Algunos argumentos que sustentarían la primera ponencia:

- No existe disposición legal que impida expresamente otorgar y ejecutar la medida cautelar en análisis.

- Las medidas cautelares emitidas en los procesos de amparo tienen por objeto suspender actos que agravian derechos fundamentales, por ello deben ejecutarse inmediatamente.

- La medida cautelar que ordena la suspensión de un proceso ordinario tiene por finalidad asegurar el otorgamiento de tutela jurisdiccional efectiva, resultaría absurdo permitir que continúe un proceso judicial en el cual existen indicios de la vulneración de derechos fundamentales.

- La impugnación de una medida cautelar que ordena la suspensión de un proceso judicial no impide su ejecución, la constatación del Juez de la existencia de los presupuestos que hacen procedente una providencia cautelar no puede ser desvirtuada sólo por la posibilidad de que se ampare el recurso.

- El efecto suspensivo de los recursos no constituye un derecho fundamental sino legal, el cual no puede oponerse al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva que busca proteger la medida cautelar.

b. Algunos argumentos que sustentarían la segunda ponencia:

- Ejecutar una medida cautelar que ordena la suspensión de un proceso contraviene lo regulado por el artículo 139.2 de la Constitución y el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

- La medida cautelar que ordena la suspensión de un proceso vulnera el derecho a la tutela jurisdiccional de las partes del proceso suspendido.

- Ejecutar una medida cautelar, incluso habiendo sido apelada, contraviene el derecho a la pluralidad de instancia regulado en el artículo 139.6 de la Constitución; asimismo, implica también desplegar los efectos de una decisión que no tiene la calidad de firme.

La constatación de verosimilitud, no de certeza, por parte del Juez constitucional no justifica la suspensión de un proceso judicial.

1. GRUPOS DE TRABAJO: En este estado, el doctor Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara, Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios, concede el uso de la palabra a los señores magistrados relatores de cada grupo de trabajo a fin que den lectura de las conclusiones arribadas preliminarmente, conforme se detalla a continuación:

Grupo N° 01
El señor magistrado relator manifestó que POR UNANIMIDAD optaron por una tercera ponencia, arribando a la siguiente conclusión: “No deben concederse medidas cautelares emitidas en procesos de amparo que ordenan la suspensión de procesos judiciales, salvo en forma excepcional, la que se ejecutará en forma inmediata”
Fundamento: Sólo debe proceder en caso que la afectación sea tan manifiesta, trascendente y de tal magnitud que logre erosionar la protección constitucional de la cosa juzgada y que además se haya afectado derechos fundamentales como el debido proceso y tutela jurisdiccional efectiva, que evidencia el inminente daño marginal del solicitante conllevando a una ponderación del juez sobre el grado de afectación de los derechos fundamentales del solicitante de la medida cautelar frente a los derechos del afectado en un proceso ordinario.

Grupo N° 02
El señor magistrado relator manifestó que POR MAYORIA, con 12 votos, optaron por una tercera ponencia, arribando a la siguiente conclusión: “No deben concederse medidas cautelares que ordenan la suspensión de procesos judiciales, salvo en casos excepcionales donde exista violación manifiesta de la tutela judicial efectiva y el debido proceso, las que deberán ejecutarse inmediatamente”

Grupo N° 03
El señor magistrado relator manifestó que POR MAYORÍA con 11 votos optaron por una tercera ponencia, arribando a la siguiente conclusión:

“Pueden concederse y ejecutarse las medidas cautelares emitidas en procesos de amparo que ordenan la suspensión de procesos judiciales en

trámite o en ejecución, en forma excepcional y residual, de manifiesta y evidente vulneración a derechos fundamentales, realizando su debida ponderación a través de una especial motivación al caso concreto”

Grupo N° 04
El señor magistrado relator manifestó que POR MAYORÍA con 11 votos optaron por la PRIMERA PONENCIA, esto es, que sí pueden concederse medidas cautelares en procesos de amparo siempre que el Juez advierta grave vulneración a derechos fundamentales haciendo la precisión que tales medidas cautelares son excepcionales.

Grupo N° 05
La señorita magistrada relatora manifestó que POR UNANIMIDAD optaron por estar de acuerdo con la segunda ponencia con la redacción y agregado siguiente: La medida cautelar debe ser concedida de manera excepcional cuando no exista otro mecanismo procesal que resuelva la violación de derechos que se pretende hacer valer vía proceso de amparo; y debe ejecutarse por cuanto es su razón de ser.

Grupo N° 06

El señor magistrado relator manifestó que POR UNANIMIDAD adoptaron la segunda ponencia, pero con el texto replanteado propuesto por la Mesa de Trabajo de la siguiente manera: “No deben concederse ni ejecutarse medidas cautelares en los procesos de amparo. Excepcionalmente, pueden concederse y ejecutarse cuando el Juez advierta que concurre un daño evidente e inminente originado en una afectación que viole o amenace un derecho fundamental e iniciada en el resultado del proceso cuestionado, siempre que dicha afectación haya sido alegada por el amparista en el proceso cuya suspensión se pretende”

www.derechopedia.pe

Grupo 7

El señor magistrado relator manifestó que POR MAYORIA, con 09 votos a favor de una tercera posición, referida a que el tema en análisis es de competencia del Juez Civil: No deben concederse medidas cautelares en los

procesos de amparo que ordenan la suspensión de un proceso judicial, salvo que se encuentre en ejecución, con principio de ejecución o se trate de medidas cautelares, siempre que exista amenaza inminente o vulneración de algún derecho constitucional.

2. DEBATE: Luego de leídas las conclusiones arribadas por los señores magistrados relatores de los siete grupos de trabajo, el Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios doctor Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara concede el uso de la palabra a los magistrados asistentes que deseen efectuar algún aporte adicional a los argumentos vertidos.

Ante las opiniones de los señores magistrados, se llama a votación para elegir si se perfecciona la segunda ponencia o si se incorpora una tercera ponencia:

POR MAYORIA los magistrados deciden que se incorpore una tercera ponencia, la que queda de la siguiente manera:

“No deben concederse ni ejecutarse medidas cautelares en los procesos de amparo que ordenen la suspensión de procesos judiciales.
Excepcionalmente, pueden concederse y ejecutarse cuando el juez advierta que concurre un daño inminente originado en una afectación que viole o amenace un derecho fundamental e incida en el resultado del proceso cuestionado, siempre que dicha afectación haya sido alegada por el amparista en el proceso cuya suspensión se pretende”.

3. VOTACIÓN: Concluido el debate plenario, el Presidente de la Comisión de Actos Preparatorios, Dr. Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara invitó a los señores jueces superiores participantes a emitir su voto respecto a las tres posiciones propuestas, siendo el resultado el siguiente:

Por la ponencia número 01: Total de 0 votos
Por la ponencia número 02: Total de 01 votos
Por la ponencia número 03: Total de 70 votos

Abstenciones: Ninguna

CONCLUSIÓN PLENARIA: El Pleno adoptó POR MAYORÍA la posición número 03 que enuncia lo siguiente:

“No deben concederse ni ejecutarse medidas cautelares en los procesos de amparo que ordenen la suspensión de procesos judiciales.
Excepcionalmente, pueden concederse y ejecutarse cuando el juez advierta que concurre un daño inminente originado en una afectación que viole o amenace un derecho fundamental e incida en el resultado del proceso cuestionado, siempre que dicha afectación haya sido alegada por el amparista en el proceso cuya suspensión se pretende”.


TEMA N° 2

LA OPOSICIÓN CONTRA LAS MEDIDAS CAUTELARES COMO REQUISITO PARA POSTULAR APELACIÓN EN LO PROCESOS CONSTITUCIONALES

¿Procede interponer apelación contra la resolución que concede una medida cautelar sin haber interpuesto previamente oposición?

PONENCIAS:

Primera Ponencia:
Sí procede recurso de apelación contra la resolución que concede medida cautelar sin necesidad de postular previamente oposición.

Segunda Ponencia:
No procede recurso de apelación contra la resolución que concede medida cautelar si antes no se postuló oposición.

El artículo 637° del Código Procesal Civil contiene los siguientes mandatos:

1. La solicitud cautelar se resuelve sin traslado.
2. Si se deniega la solicitud hay apelación del solicitante (el efecto es irrelevante ya que no hay mandato), en cuyo trámite tampoco hay traslado.

3. Si se concede la medida solicitada, el afectado puede presentar oposición (la que es resuelta por el juez), sin suspensión de la ejecución de la medida.
4. Si la oposición es fundada, el juez revoca la cautelar. El auto es apelable sin efecto suspensivo, es decir, se hace efectiva de modo inmediato la revocación de la cautelar.
5. Si la oposición es infundada, se mantiene la medida cautelar. El auto es apelable sin efecto suspensivo, es decir, se mantiene en ejecución la medida cautelar.

a. Algunos argumentos que sustentarían la primera ponencia:
- Ninguna restricción de derechos puede ser obtenida mediante interpretaciones analógicas ni extensivas, de acuerdo con la prohibición constitucional prevista en el artículo 139.9 de la Constitución Política.
- El derecho a recurrir forma parte del derecho constitucional a la defensa judicial y a la pluralidad de instancias , por lo que no puede ser limitado sino por disposición expresamente prevista en una norma con rango de ley.
- Del texto de la norma no se desprende ninguna prohibición explícita. En consecuencia, el recurso de apelación (como manifestación del principio y derecho a la pluralidad de instancia) contra el auto que concede una medida cautelar se mantiene plenamente vigente, como parte del derecho genérico a recurrir toda clase de autos, previsto en el artículo 365.2 del CPC.
- Del texto de la norma no se desprende el establecimiento de condiciones explícitas para el ejercicio del derecho a la pluralidad de

instancia. Consecuentemente, al recurso de apelación contra el auto que concede medida cautelar sólo le son exigibles las condiciones genéricas establecidas en el artículo 367 del CPC.
- La oposición regulada por la norma examinada sólo puede interpretarse como una alternativa procesal a favor del perjudicado con la medida cautelar y como una prerrogativa a favor de la Función Jurisdiccional, razón por la que no puede ser interpretada como una traba al acceso directo al superior jerárquico mediante el recurso de apelación.


1. GRUPOS DE TRABAJO: En este estado, el Presidente encargado de la Comisión de Actos Preparatorios doctor Oswaldo Ordóñez Alcántara, concede el uso de la palabra a los señores magistrados relatores de cada grupo de trabajo a fin de que den lectura de las conclusiones arribadas preliminarmente, conforme se detalla a continuación:


A. Grupo N° 01

El señor magistrado relator manifestó que el grupo POR UNANIMIDAD se adhirió a la primera ponencia.

Fundamento: No se puede exigir al afectado con la medida cautelar que formule primero oposición para que se le conceda apelación, en razón de que el artículo 637° del CPC en su segundo párrafo regula la oposición como una facultad del demandado señalando expresamente la norma “puede”, en este orden es opción de la defensa del demandado decidir si formula oposición para que el Juez de primera instancia resuelva sobre los argumentos, hechos y pruebas que se incorporan; o de apelar para que en segunda instancia sea el superior que resuelva cumpliendo la pluralidad de instancia.
Tanto la oposición como la apelación forman parte del derecho constitucional a la defensa previsto en los artículos 139.14° y 139.6° de la Constitución Política, por el cual no se le puede restringir el derecho a apelar condicionando a que previamente se formule oposición, porque se estaría vulnerando un derecho fundamental como es la instancia plural.


Propuesta Legislativa: Modificar el artículo 637° del C.P.C, a fin de que el plazo de la oposición no sea de cinco días, sino de tres días, para que se efectivice la facultad alternativa que tiene la parte demandada para oponerse o para apelar. Porque actualmente si el término de apelación de la resolución que concede la medida cautelar es de tres días, y se le venció el plazo al demandado para presentar el recurso impugnatorio, todavía tiene dos días adicionales para oponerse, con lo cual se estaría permitiendo en el fondo un uso inadecuado de los mismos.

B. Grupo N° 02

El señor magistrado relator manifestó que el grupo POR UNANIMIDAD se arribó a la conclusión que debe prevalecer la primera ponencia.
Fundamento: Señalan que tratándose de procesos constitucionales, debe cautelarse el principio de la pluralidad de instancias.

C. Grupo N° 03

El señor magistrado relator manifestó que el grupo POR MAYORIA arribó a la conclusión que debe prevalecer la primera ponencia; con dos votos singulares que proponen incluir un añadido referido a que el afectado puede optar alternativamente por formular oposición.

D. Grupo N° 04

El señor magistrado relator manifestó que el grupo POR MAYORIA arribó a una tercera posición: “Concedida una medida cautelar en un proceso constitucional, sólo procede el recurso de apelación por haberlo regulado así el artículo 15° del Código Procesal Constitucional, porque es una norma especial”.
Fundamento: El artículo 15° del Código Procesal Constitucional, norma especial aplicable al caso, no regula el trámite de la oposición por lo que éste no puede aplicarse en el caso concreto, de modo tal que solo es procedente el recurso de apelación.


E. Grupo N° 05

El señor magistrado relator manifestó que el grupo POR MAYORIA se arribó a una tercera ponencia “Sí procede recurso de apelación contra la resolución que concede medida cautelar sin necesidad de postular previamente oposición; se le dará el trámite previsto en el Código Procesal Civil.”

F. Grupo N° 06

El señor magistrado relator manifestó que el grupo POR UNANIMIDAD arribó a la conclusión que debe prevalecer la primera ponencia.
Fundamento: En atención a que el Código Procesal Civil establece que el afectado con la medida cautelar puede formular oposición, exigir su interposición previamente para el recurso de apelación, acarrearía vulneración de los derechos constitucionales

G. Grupo N° 07

El señor magistrado relator manifestó que el grupo POR MAYORIA arribó a la conclusión que debe prevalecer la primera ponencia.
Fundamento: La oposición no está contemplada en el artículo 15° del Código Procesal Constitucional. Es una figura regulada en el artículo 637° del Código Procesal Civil, que no es aplicable al proceso constitucional; sin embargo, su interposición es potestativa, lo que supone que no puede ser negada si se formula.
La apelación en el proceso constitucional es incondicional, es decir no existe norma que imponga la oposición como requisito del recurso de apelación.
Exigir que se formule oposición contra medida cautelar supone una obstrucción a la medida cautelar y dilataría el proceso.
Las normas restrictivas de derechos no pueden aplicarse analógicamente.

2. DEBATE: Luego de leídas las conclusiones arribadas por los señores magistrados relatores de los siete grupos de trabajo, el Presidente encargado de la Comisión de Actos Preparatorios doctor Dr. Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara concede el uso de la palabra a los magistrados asistentes que deseen efectuar algún aporte adicional a los argumentos ya vertidos.

3. VOTACIÓN: Concluido el debate plenario, el Presidente encargado de la Comisión de Actos Preparatorios doctor Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara invitó a los señores jueces superiores participantes a emitir su voto respecto a las dos ponencias propuestas, siendo el resultado el siguiente:

Por la ponencia número 01: Total de 59 votos

Por la ponencia número 02: Total de 2 votos
Abstenciones: Total de 04 voto

CONCLUSIÓN PLENARIA: El Pleno adoptó POR MAYORÍA con 59 votos la PRIMERA PONENCIA, que enuncia lo siguiente:

“Sí procede recurso de apelación contra la resolución que concede medida cautelar sin necesidad de postular previamente oposición”.

TEMA N° 3

PAGO DE INTERESES LEGALES EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES CUANDO LAS SENTENCIAS NO SE PRONUNCIAN AL RESPECTO.

¿En los procesos constitucionales el Juez de la ejecución debe ordenar, incluso de oficio, el pago de devengados e intereses legales aún cuando en la sentencia no se emite pronunciamiento al respecto?

Primera Ponencia:
Los jueces pueden ordenar el pago de intereses legales incluso si en la sentencia no se emite pronunciamiento al respecto.

Segunda Ponencia:
Los jueces no pueden ordenar el pago de intereses legales si en la sentencia no existe pronunciamiento al respecto.

GRUPOS DE TRABAJO: En este estado, el Presidente encargado de la Comisión de Actos Preparatorios doctor Oswaldo Ordóñez Alcántara, concede el uso de la palabra a los señores magistrados relatores de cada grupo de trabajo a fin de que den lectura de las conclusiones arribadas preliminarmente, conforme se detalla a continuación:

A. Grupo N° 01

El señor magistrado relator manifestó que el grupo POR MAYORIA se adhirió a la primera ponencia.

Fundamento: Porque corresponde al juez de ejecución verificar el cumplimiento de la sentencia que comprende el pago del monto principal e intereses legales, ello se realiza en los procesos civiles, por lo tanto con mayor razón debe realizarse en los procesos constitucionales en atención a los principios pro homine e iura novit curia que los rigen y orientan.
Se trata de un derecho pensionario que tutela los derechos fundamentales, además no se atenta contra la cosa juzgada ni la seguridad jurídica.
El pago de intereses es un derecho implícito derivado del derecho fundamental a la pensión que ya ha sido reconocido judicialmente. Además, la falta de diligencia del abogado al presentar la demanda en cuanto no solicita los intereses legales no puede perjudicar el derecho fundamental a la pensión del justiciable.
Iniciar un nuevo proceso para solicitar el pago de concepto de intereses legales va a irrogar pérdida de tiempo y gasto que tendría que hacer el justiciable en vía de acción.

B. Grupo N° 02

El señor magistrado relator manifestó que el grupo POR MAYORIA arribó a la conclusión que debe prevalecer la segunda ponencia.
Fundamento: Los jueces no pueden ordenar el pago de intereses legales si en la sentencia no existe pronunciamiento al respecto; porque de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional N° 5430-2006, que tiene carácter vinculante a tenor del artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, solo se debe otorgar intereses en los procesos en trámite aún cuando no hubieran sido peticionados explícitamente en la demanda.

C. Grupo N° 03

El señor magistrado relator manifestó que el grupo POR MAYORÍA arribó a la conclusión que debe prevalecer la segunda ponencia.
Fundamentos: Porque la toma de decisiones se hace en el momento de expedir el fallo y no en otro momento, en ejecución de sentencia debe prevalecer ante todo la seguridad jurídica, pues se puede afectar derechos constitucionales como el derecho a la defensa, contradictorio o doble instancia.

D. Grupo N° 04

El señor magistrado relator manifestó que el grupo POR UNANIMIDAD arribó a la conclusión que debe prevalecer la primera ponencia.
Fundamentos: Sostiene que hay que tener en cuenta que el derecho fundamental a la pensión conlleva accesoriamente el pago de los devengados y los intereses legales, por lo que no habría tutela constitucional satisfactoria, si se le obliga a iniciar un nuevo proceso para el cobro de los intereses legales.

E. Grupo N° 05

El señor magistrado relator manifestó que el grupo POR MAYORIA arribó a la conclusión que debe prevalecer la primera ponencia.
Fundamentos: Indican que si debe ordenarse el pago de los intereses, por cuanto estos forman parte del núcleo duro del derecho fundamental a la pensión.

F. Grupo N° 06

El señor magistrado relator manifestó que el grupo POR MAYORÍA se arribó a la primera ponencia con nueve votos y un voto se adhirió a la segunda ponencia.
Fundamentos: Señala que los intereses legales deben pagarse a fin de resguardar el ejercicio del derecho fundamental a pensión. Agrega que no se afecta el derecho de defensa del demandado puesto que es la propia

administración quien realiza la liquidación de los intereses; asimismo, en el supuesto que la liquidación la efectúe un perito el demandado tiene expedito su derecho a observar la referida liquidación. Considera que obligar al demandante iniciar un nuevo proceso judicial afecta su derecho fundamental a la pensión, del cual forman parte los intereses de las pensiones no canceladas oportunamente.

G. Grupo N° 07

El señor magistrado relator manifestó que el grupo POR MAYORIA optó por la primera ponencia con 9 votos y 1 voto se adhirió a la segunda ponencia.
Fundamentos: En principio, el pago de los devengados de las pensiones e intereses legales se pueden otorgar con los mismos argumentos esgrimidos en la STC 5430-2006-AA/TC.
El derecho a la pensión solo puede ser completamente reestablecido cuando se pague los devengados e intereses legales.
La base constitucional para sostener la primera postura se encuentra en la Segunda Disposición Final y Transitoria de la Constitución que complementa el derecho a la pensión regulada en los artículos 10° y 11° de la misma, en tanto garantiza el pago oportuno de las pensiones por parte del Estado
La base legal para sustentar la postura se encuentra en el tercer párrafo del artículo 59° del Código Procesal Constitucional que establece “En todo caso, el Juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto, y mantendrá su competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho.”
En cuanto a la supuesta vulneración de la cosa juzgada, cabe recordar que esta tiene carácter constitucional, en cambio el derecho a la pensión es un derecho fundamental el que debe prevalecer por la aplicación del principio pro homine.
Tampoco vulnera el derecho a la contradicción de la administración, pues así como cuando se ordena el pago de devengados e intereses legales en la sentencia, ésta puede apelar; cuando se ordena en ejecución de sentencia, la liquidación, en el supuesto que no la elabore la administración, puede ser observada y eventualmente puede apelarse la resolución que recaiga sobre ella. Además, si el juzgador omite pronunciarse sobre los intereses legales aún cuando no hayan sido solicitados, podría corregirse el fallo en ejecución en base a la teoría de que el error no genera derecho.

DEBATE: Luego de leídas las conclusiones arribadas por los señores magistrados relatores de los siete grupos de trabajo, el Presidente encargado de la Comisión de Actos Preparatorios doctor Dr. Oswaldo Alberto Ordóñez

Alcántara concede el uso de la palabra a los magistrados asistentes que deseen efectuar algún aporte adicional a los argumentos ya vertidos.

1. El Dr. Ramos Lorenzo refiere que opta por la posición número uno, señalando que es arbitrario y absurdo no ordenar el pago de los intereses legales, ya que al igual que los costos de un proceso, éstos no requieren ser demandados.

2. El Doctor William Vizacarra señala que la sentencia tiene la calidad de título y cosa juzgada y que no es posible ordenar el pago de un concepto que no está ordenado en una sentencia. Agrega que los intereses legales constituyen pretensiones implícitas de carácter constitucional, las mismas que deben ser reconocidas por el Juez en la sentencia, pero si no han sido reconocidas no pueden ejecutarse porque se afectan otros derechos constitucionales. Optar por la primera posición implicaría volver a tramitar todos los expedientes archivados.

3. El Doctor Lama More señala que se encuentran en contraposiciones disposiciones legales y constitucionales, en ese sentido considera que al tener el derecho a pensión rango constitucional se debe optar por éste sobre las reglas procesales, lo cual se encuentra justificado por la satisfacción de un derecho sustantivo.

Agrega que el pago de intereses y devengados forman parte del derecho a la pensión y no concederlo vulnera el fin restitutorio del amparo y que el fin de justicia prevalece sobre el valor justicia. Manifiesta que no es necesario que se inicie un nuevo proceso porque no existe debate ya que se tratan de pretensiones accesorias.

4. El Doctor Jaime Lora refiere que la seguridad jurídica no constituye sólo un tema procesal y que no es posible comparar los intereses con los costos debido a que en el caso de los costos y costas es la propia ley que establece que no requieren ser demandados. No ordenar el pago de intereses en ejecución de sentencia no implica el desconocimiento de un derecho, más bien ordenar su pago contraviene el articulo 22 del CP Constitucional que dice que la sentencia se ejecuta en sus propios términos.

5. El Doctor Ordóñez Alcántara toma el uso de la palabra señalando la pertinencia de los temas propuestos a debate en el Pleno Constitucional, manifiesta que el propio Tribunal Constitucional ha ido evolucionando sobre el pago de los intereses, por ello es necesario que la judicatura tome una posición al respecto y no esperar un nuevo pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la pertinencia del pago de intereses cuando éste no ha sido ordenado en la sentencia materia de ejecución.

VOTACIÓN: Concluido el debate plenario, el Presidente encargado de la Comisión de Actos Preparatorios doctor Oswaldo Alberto Ordóñez Alcántara invitó a los señores jueces superiores participantes a emitir su voto respecto a las dos ponencias propuestas, siendo el resultado el siguiente:

Por la ponencia número 01: Total de 46 votos
Por la ponencia número 02: Total de 27 votos

CONCLUSIÓN PLENARIA: El Pleno adoptó POR MAYORÍA con 46 votos la PRIMERA PONENCIA, que enuncia lo siguiente:

“Los jueces pueden ordenar el pago de intereses legales incluso si en la sentencia no se emite pronunciamiento al respecto”.

Lima, 15 de octubre de 2011

OSWALDO ORDOÑEZ ALCANTARA

YRMA FLOR ESTRELLA CAMA

GONZALO MEZA MAURICIO

VICTOR RAUL MOSQUEIRA NEIRA

WILBERT GONZALES AGUILAR

JORGE ARMANDO BONIFAZ MERE

LUZ CAROLINA VIGIL CURO

LINDA MARIA OLGA VANINI CHANG

www.derechopedia.pe

1 Artículo 139.- Principios y derechos de la función jurisdiccional.
Son principios y derechos de la función jurisdiccional:
(…)
2. La independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada, ni cortar procedimientos en trámite, ni modificar sentencias ni retardar su ejecución (…)

 

Pin It

Escribir un comentario


Ética web en cusco